Esta es la historia de Jesús, 84 años; Mari, 82 años e Inocencia, 104 años. Estos y el resto de vecinos -seis- de un pequeño edificio de la madrileña calle de Bailén están a la espera de la sentencia definitiva de la Audiencia Nacional que dicte si finalmente se debe ejecutar la orden de desalojo que pesa sobre sus viviendas.
El edificio, situado frente al Palacio Real, era propiedad de una mujer que murió en 2004 sin herederos y dejó todo su patrimonio al Estado, que ahora gestiona el ministerio de Hacienda que dirige Cristóbal Montoro.
Y ahí, en 2004, comenzó el calvario de estas familias que el pasado 11 de abril recibieron la orden de dejar sus casas con el pretexto de que el edificio necesita unas reformas que no pueden llevarse a cabo con los inquilinos en las viviendas, a pesar de que estos han presentado informes de arquitectos que evidencian todo lo contrario.
Los números se imponen una vez más frente a la humanidad. “Nos ha tocado el peor casero que se puede tener: el Estado”, asegura Jesús, vecino del tercero. Las atractivas vistas de las casas y la excelente ubicación favorecen el pensamiento de que el Gobierno quiere rentabilizar estas viviendas por las que los inquilinos pagan un alquiler de renta antigua que no supera los 50 euros y, con estos datos, en poco se equivocan.
Los vecinos, que se muestran convencidos de que una vez que salgan por la puerta no volverán a las que han sido sus casas durante toda una vida, tal como les dice el Ministerio de Hacienda.
“Hacienda se cubre las espaldas, pero en ningún papel pone que realmente podamos volver en seis meses; si eso fuese así no montaríamos todo esto”, explican los vecinos. De hecho, comenta una vecina, el abogado del Estado “metió la pata” y dijo que el edificio se vendería en cuanto terminaran las obras.
Los vecinos se quejan de que las viviendas están en las mismas condiciones que las del resto de la manzana y de que en todas ellas las reformas se han realizado con los propietarios dentro. Y es que todo lleva a pensar que ese es el principal problema, el que diferencia a esta comunidad del número 9 del resto de vecinos: el propietario de este jugoso edificio es el Estado.
Además, y como si el ya mencionado calvario que viven estas familias fuera poco, hace apenas unos días un tribunal condenó a la comunidad a pagar una multa que asciende a 161.839 euros por los gastos derivados de las continuas fotografías que ingenieros enviados por Hacienda han realizado a las grietas del edificio en los últimos años, así como de varias de las catas que se han realizado en el inmueble. “¿2000 euros por cada foto?” se pregunta Beatriz, la hija de Inocencia, una madrileña de 104 años cuya vida ha transcurrido siempre en esa casa y se niega a abandonarla.
Es preocupante y vergonzoso que el Gobierno de Rajoy, el mismo que presume de tomar medidas para "garantizar el bienestar" de sus ciudadanos, tome decisiones tan inhumanas como la de desalojar de sus casas a una comunidad de seis vecinos ancianos que no tienen ninguna necesidad de que sus últimos años de vida queden marcados por esta falta de humanidad por parte de quienes deberían velar por todo lo contrario.
Dicho esto, ¿serán capaces de desalojarles?... Lamentablemente no tengo la menor duda, les ha tocado el peor propietario: el Estado y, encima, el PP. En ese dueto es sabido que no hay humanidad posible.
