Ya lo sabemos desde hace tiempo pero para que no olvidemos la cara dura de estos impresentables chupasangre vale la pena ir recordándolo de vez en cuando.
El Congreso de los Diputados abona todos los meses a Mariano Rajoy y nueve ministros de su Gobierno una 'indemnización' de 1.823,86 euros para que afronten "los gastos que les origine la actividad de la Cámara". Pero esa cantidad, equivalente a casi tres veces el salario mínimo de un trabajador, es en realidad una gratificación encubierta y exenta de tributación, porque ninguno de ellos emplea un solo euro de su bolsillo para ejercer su tarea parlamentaria, ya que todos los gastos los tienen cubiertos.
Rajoy (diputado por Madrid), se embolsa 870,56 euros mensuales para cubrir unos gastos totalmente ficticios. La misma cantidad que Soraya Sáenz de Santamaría, Alberto Ruiz Gallardón, Ana Mato y Miguel Arias Cañete, todos ellos diputados por Madrid. La gratificación asciende a 1.823,86 euros en el caso de Cristóbal Montoro (diputado por Sevilla), José Manuel Soria (Las Palmas), Jorge Fernández Díaz (Barcelona), Fátima Báñez (Huelva) y Ana Pastor (Pontevedra), por tratarse de parlamentarios electos en circunscripciones distintas a Madrid.
El pasado mes de Noviembre, el Congreso modificó su web para camuflar las dietas de los diputados y con ello ha caído en su propia trampa.
Hasta esa fecha, las cantidades citadas debían servir para que los diputados "afronten los gastos de alojamiento y manutención en la capital que origine la actividad en la Cámara". Pero ante el creciente malestar de la opinión pública por el hecho de que parlamentarios con casa propia en Madrid cobrasen esas ayudas, el presidente del Congreso, Jesús Posada, suprimió de un plumazo el concepto de "alojamiento y manutención". Desde entonces, esas dietas, teóricamente, se emplean para que sus señorías "afronten los gastos que les origine la actividad de la Cámara". Cambian el nombre pero el chuleo sigue siendo el mismo.
No olvidemos que el Tribunal Supremo archivó el pasado mes de Abril la querella presentada por la plataforma 'Democracia Real Ya' contra los 63 diputados que cobran dietas pese a disponer de vivienda en propiedad en Madrid. El alto tribunal rechazó la querella por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y apropiación indebida al entender que los hechos analizados no son constitutivos de "ilícito penal alguno". ¡QUE WEBOS TIENEN!
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